Lima, 14 de septiembre de 2021

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Resumen:

La Contraloría General de la República informó que identificó una serie de riesgos en el proyecto de adenda n°13 del Proyecto Especial Majes Siguas II.

Por ello comunicó al Gobierno Regional de Arequipa la necesidad de adoptar medidas para salvaguardar el proyecto, y evitar que se generen precedentes que a futuro que puedan conllevar a una transferencia de riesgos que afecten al Estado.

El “Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Siguas” demandaría una inversión de US$ 550 millones, y el Estado aportaría US$ 282 millones. Esto implica una inversión extra de US$ 104 millones.

Los riesgos identificados por la Contraloría en caso la Adenda N° 13 se suscriba tal cual está son:

1. Que el concesionario no pague una penalidad ante una resolución del contrato por actos de corrupción.
2. Que se concreten pagos al concesionario por los Certificados de Avance de Obra por Inversión Adicional emitidos pese a existir obras inconclusas.
3. Recibir una menor compensación de daños y perjuicios de ejecutarse la garantía de fiel cumplimiento.
4. Que se paralicen las obras nuevas de la primera fase por falta de entrega del control del proyecto.

Por otro lado, también hay un riesgo de pagos por obras inconclusas. El proyecto de adenda propone establecer que el pago por los Certificados de Avance de Obra por Inversión Adicional (CAO-RIA) emitidos sean efectuados a los 54 y 66 meses contados desde el inicio del periodo constructivo principal, fecha en la cual estaría en operación el proyecto.

Pero, con eso se podría pagar la Remuneración por Inversión Adicional (RIA) incluso si no han culminado las obras nuevas de la segunda fase en el plazo previsto en el calendario de obra.

Según el proyecto de Adenda N° 13, el monto que se requerirá para ejecutar las obras nuevas correspondiente al cambio tecnológico de la segunda fase del proyecto Majes Siguas II asciende a US$ 104’668,264.

Asimismo, el proyecta indica que ante una resolución de contrato por incumplimiento del cierre financiero del concesionario, el Estado tendría que ejecutar el 70% de la garantía de US$ 38’528,110.04. La cifra es menor en US$ 7’326,778.48 a lo que debería ejecutarse teniendo en cuenta el “Monto Referencial Inversión Integral” del proyecto.

Para la Contraloría, esto genera el riesgo de una menor compensación por daños y perjuicios al concedente por caducidad de la concesión.

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