El Tribunal Constitucional admitió este jueves 13 de mayo la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley que elimina el régimen laboral bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

La admisión del recurso fue decidido por unanimidad, informó la institución a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, en marzo el Congreso aprobó por insistencia la norma para eliminar progresivamente el régimen CAS, incorporando a los trabajadores de esta modalidad a los regímenes 728 y 276.

La Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional informó el lunes 10 de mayo que presentó la demanda de inconstitucionalidad contra la norma, en representación del Poder Ejecutivo.

El sustento de la demanda es la vulneración de las competencias del Ejecutivo en materia de administración de la Hacienda Pública y la gestión de recursos humanos.

Las micro y pequeñas empresas (mypes) están a un paso de poder elegir si migran al mercado libre de electricidad o permanecen en el sistema regulado tras el dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso.

Aunque todavía falta que pase el debate al Pleno, esta iniciativa plantea que los usuarios puedan acceder a mejores precios, pero para cambiar de mecanismo deben estar en el rango de potencia de entre 50 y 200 kilovatios (kw) al año.

Para Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú, todo proyecto que beneficie a las pymes es importante debido a que la situación de pandemia afectó muy fuerte a este sector.

“Uno de los insumos para seguir trabajando es la electricidad y si esta medida ayudará a aliviar en algo nos parece bien”, dijo

Sin embargo, la representante del gremio mencionó que se debe tener la data de beneficiarios, dado que no todos están en el rango de kw que señalan.

Además, Choquehuanca pidió que aclaren cuánto tiempo garantizará estar en el mercado libre para pagar menos o quizás en un mediano plazo regresan al mercado regulado.

También señaló que en el 2019 se creó una comisión multisectorial para la reforma del subsector de electricidad para garantizar los suministros seguros y eficientes para todos los usuarios.

“Por eso sería interesante que el Congreso se reúna con los representantes del Ministerio de Energía y Minas para saber en qué situación se encuentra esta reforma que es valiosa”, sugirió.

AJUSTAR LA NORMA

Según Carlos Gomero, socio de LQG Energy and Mining Consultig, la norma se dirige en el sentido correcto porque amplía el mercado de competencia.

“Si más usuarios regulados pueden cambiarse a ser libres, eso le hace bien al mercado debido a que se está bajo el principio de que se entreguen mejores precios y mejor calidad del producto”, refirió el especialista, quien añadió que, para acogerse a esta iniciativa, de aprobarse, será voluntaria.

Sin embargo, el experto sostuvo que esta medida no tomó en cuenta a los distribuidores que serían los afectados debido a que se quedarán sin clientes por la migración y tendrán que pagar por la potencia contratada.

“Antes ya ha pasado cuando los usuarios de 200 kw comenzaron a migrar del regulado al sector libre y dejaron a todas las distribuidoras. Entonces, a este cambio lo llamaron sobrecontratación porque para el mercado regulado ya tienen contrato de largo plazo con los generadores para una potencia comprada y si se quedan sin clientes igual tienen que pagar”, explicó.

Refirió que en la actualidad todas las distribuidoras están sobrecontratadas, pese a que el Estado sacó una norma en el 2018, pero no se resolvió completamente.

“Esto llega en un momento en que las empresas han sido los que más fueron golpeadas en la pandemia por los problemas tarifarios, de facturación y liquidez. Con esta norma los deja más expuestas”, acotó.

En ese sentido, Gomero comentó que la norma que se plantea en el Congreso debería ser completa, es decir, promover la competencia y solucionar las sobrecontrataciones de las distribuidoras.

“Para eso el Estado debería tomar las mismas políticas que hizo antes. Esa vez no se dieron subsidios o flexibilidades tributarias, sino lo hicieron de manera contractual porque se autorizó a las distribuidoras a entrar en acuerdos nuevos con los generadores para modificar sus contratos”, puntualizó.