La modernización del agro ha oscilado en los extremos: del latifundio al minifundio, del gamonal a la comunidad, de la obsolescencia a la modernidad, del consumo interno a la agroexportación. Después de la Reforma Agraria velasquista el legado fue un sector precario, con desinversión y relaciones laborales en la informalidad (mediante contratos de 85 días o con intermediación laboral fraudulenta), capacidad técnica reducida y una tremenda exposición a plagas, heladas o Corrientes del Niño.

Ante ello se dio en el 2000 la Ley de Promoción Agraria (27360) con incentivos tributarios y laborales, junto con otras medidas dirigidas por ámbito geográfico, entendiendo que el agro podría ser un instrumento de lucha contra la pobreza.

La 27360 cumplió. Las cifras de estudios económicos son claras: las exportaciones agrícolas no tradicionales de 2018 multiplicaron casi diez veces las registradas en el 2001 (US$ 437M a US$ 5,913M), reflejándose a su vez en el aumento de trabajadores del sector: 147,000 en 2010 a 382,000 en 2017. Llegó en zonas como Ica, al pleno empleo y, formalizó las relaciones laborales.

El régimen tuvo la particularidad de saber reconocer la existencia de la estacionalidad, que exige trabajo intensivo tanto en la siembra como en la cosecha, lo cual activa la gran rotación de personal especializado según el cultivo. De ahí la preferencia del trabajador para la liquidación inmediata de sus derechos y beneficios sociales.

Ello genera un régimen especial de vacaciones, gratificaciones y pagos de aportes de salud asequible para las pequeñas empresas (un 90% de los agricultores), que también fue aprovechado por un pujante sector agroexportador, permitiéndoles competir en el mercado internacional, a pesar de las medidas proteccionistas y subsidios que yacen en las agriculturas de otros países.

¿Se podía mejorar el régimen vigente? Definitivamente. Pero no desnaturalizando, como se ha hecho con la reciente Ley 31110, una receta que ha dado tan buenos resultados.

EL BCR ha concluido que la apreciación del ingreso de los trabajadores agrarios (52% sobre el ingreso promedio) se evidencia en el largo plazo, 2001–2015, siendo los trabajadores formales quienes registran ingresos cada vez mayores. La Ley demostró sus efectos positivos. ¿Algunos empleadores abusaron de la Ley? Es lamentable, pero para ellos está precisamente el rol sancionador del Estado.

Alonso Morales Acosta – Socio y Líder del Área de Competencia y Buenas Prácticas de Mercado de Torres y Torres Lara Abogados

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