Es un cuento recurrente mientras los políticos no entiendan (o prefieran no entender) que los precios reflejan los costos, los riesgos y la escasez. Quien los asume es el empresario y si bien se los traslada al consumidor a través del ‘precio’, finalmente este puede pagar o no pagar, y la pérdida acaba en el empresario.

La tasa de interés es el precio del dinero y, desde luego, influye en el acceso al servicio. Su libre fijación ha sido buena política en el Perú pues cada día hay más cobertura y opciones en servicios financieros (bancos, cajas y cooperativas); no obstante, hay mucho que crecer, pues todavía hay un espacio que disputarles a los agiotistas y usureros.

¿Qué ha hecho el Congreso de la República? ¿Ha dado una ley para formalizar a los empresarios y atraer los ahorros bajo el colchón? ¿Ha mejorado la lucha contra las barreras burocráticas ilegales? ¿Está perfeccionando el régimen tributario del pequeño empresario? ¿Está destrabando la inscripción de lotes y las propiedades en los Registros Públicos? ¿Está corrigiendo los desajustes del pago de impuestos con la pandemia? ¿Acaso ha derogado el ITF y el ITAN? ¿O quizás ha creado un fondo de garantías para el sector informal?

No, no ha hecho nada. Simplemente ha ignorado la realidad y le ha ‘ordenado’ al Banco Central de Reserva (BCR) del Perú que controle los precios en el mercado y que bajo una fórmula mágica se alineen los tamaños y números de activos, ahorristas, acreedores (cumplidos y morosos) y capacidades de inversión; que el mismo rango sirva al Banco de Crédito del Perú (BCP) o al BBVA Perú, a la Caja Municipal del Santa o a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aymaraes.

Queda clara la inconstitucionalidad: la norma se desvía del régimen económico y vulnera la autonomía del BCR. Decepciona la soberbia e ignorancia del Congreso al imputarle que prefirió la libre formación de precios por desconocimiento o indiferencia; también queda claro que el Parlamento padece de la peste ‘estatista’ de los años 80, que hoy rebrota como populismo; mientras que el ‘crédito informal’ sigue pululando con tasas onerosas y aterrando con sus métodos de cobranza.

Alonso Morales Acosta –  Socio y Líder del Área de Competencia y Buenas Prácticas de Mercado de Torres y Torres Lara Abogados

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