Diario El Peruano
15 de setiembre 2015

Li Ojeda, Jaime Alfieri
Responsabilidad Social Empresarial

La implementación de las asociaciones público–privadas (APP) en la generación de infraestructura urbana y servicios públicos permite hoy a los municipios generar estándares de calidad y uso eficiente de activos que, por diversas limitaciones, no puedan ser ejecutados.

Producto de la participación privada, y sin perder la titularidad de los activos públicos, las comunas pueden enfocar sus recursos en la provisión de proyectos que satisfagan otras necesidades públicas.

Los beneficios públicos que justifican la implementación de las APP en infraestructura urbana son múltiples. Utilizan prácticas de gestión vinculadas a la planificación empresarial, es decir: (i) Mejora en la gestión de los activos públicos, (ii) Alivio en las finanzas públicas producto de la participación privada, y (iii) Aplicación de estándares de calidad y la obligación de mantenerlos para garantizar la correcta prestación del servicio o uso del activo público. Todo esto se materializa en una mejora continua de tecnología y procesos que benefician a los ciudadanos. Lo vital es que los gobiernos locales sepan distinguir la diferencia que hay entre las APP y la privatización. Las APP permiten que la entidad pública conserve la titularidad de la infraestructura a ser explotada y del servicio público a ser prestado por una entidad privada, definiendo un lapso de tiempo contractualmente.

Por otro lado, la privatización implica la venta de la totalidad de los activos de una entidad pública a una entidad privada.

Diversas entidades públicas en muchos países del mundo ya adoptaron el concepto de las APP para el desarrollo de infraestructura y servicios enfocados en la mejora de la planificación urbana (autopistas, aparcamientos, hospitales, penales, entre otros), convencidas de que estas proporcionan experiencia, conocimientos, equipos y tecnología necesarios a favor del Estado, con la finalidad de satisfacer necesidades públicas que no pueden ser cubiertas en una gestión pública promedio y, con ello, disminuir la brecha histórica de déficit de infraestructura y de servicios públicos de calidad que tiene el país.

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