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Cuando el Estado es el responsable de impactos ambientales

Diario Gestión

07 de junio 2016

Eduardo Borda
Corporativo

¿Cuáles son los impactos ambientales más críticos en el Perú? La coyuntura hizo que los ojos del Estado apunten hacia la fiscalización de actividades empresariales con reputación de ser poco amigables con el ambiente. Pero debemos ser conscientes que otros impactos críticos se originan en nuestras narices, y somos nosotros sus generadores.
Se calcula que sólo en Lima cada persona genera cerca de 8 mil toneladas de residuos al día. La gran parte de estos residuos son de gestión municipal. Por ley todos estamos obligados a segregarlos y almacenarlos hasta su recolección por los vehículos municipales. Ya en el ámbito municipal, el Estado presenta una preocupante falencia.
Pocas municipalidades promueven la segregación de desechos y su reutilización o reciclaje. Lamentablemente lo común es mezclar todos los residuos y darles el peor de los tratamientos: ninguno. Y darles la peor de las disposiciones finales: los botaderos (lugares ilegales sin condiciones sanitarias ni ambientales). Se estima que cerca del 50% de los residuos son destinados a estos botaderos. En algunos casos son las mismas Municipalidades las que -en lugar de clausurarlos- administran los botaderos, otorgan “permisos” para que particulares los usen para depositar otros residuos como escombros o desechos industriales, a cambio del pago de una tasa.
La realidad es que en el Perú sólo hay 9 rellenos sanitarios (lugares legalmente adecuados para la disposición final de residuos), repartidos en 4 departamentos. No es suficiente. Preguntó una vez un empresario: ¿por qué me multan por derramar un galón de aceite en mi propio terreno, y no a la municipalidad que arroja al día cientos de galones en su botadero y encima se enriquece con ello?
El Estado no sanciona al Estado, pero sí a los funcionarios que lo dirigen, y aquí pueden darse los desincentivos para la corrección de estas malas prácticas. Pero más allá de la sanción, corresponde dar políticas de protección ambiental a nivel de gobiernos locales, algo de lo que aún no se ha hecho nada.

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